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La autoridad anunció que se revisará en qué estado se realizaron los cierres de cada uno de los proyectos y si cumplieron con las auditorías de calidad correspondientes a cada periodo.

“Vamos a revisar, por supuesto, todo lo que signifique las gestiones pasadas para determinar si existen daños o mal uso de bienes del Estado”, enfatizó Rojas.

La nueva gestión hará énfasis en su planificación en dos áreas: mirar hacia atrás, como mandato del Presidente, y atender de manera inmediata las necesidades operativas para garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano moderno, resolviendo las dificultades económicas que se han atravesado en el último tiempo.

“Como Estado podemos acudir a la Contraloría como un medio para generar condiciones sin necesidad de contratar una empresa privada para realizar la auditoría; eso lo vamos a evaluar en los siguientes quince días, a más tardar”, finalizó la autoridad.