OBRAS INFORMA (15/03/2021).- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, recordó este lunes las presiones a las que fue sometido él y su familia, durante el golpe de Estado entre noviembre de 2019 y enero de 2020, a manos de personas enviadas por el gobierno de facto. Rememoró que uno de sus hijos fue golpeado por más de cien personas, “estos hechos están grabados en la retina del pueblo boliviano”, dijo.
Añadió durante la conferencia de prensa: “En noviembre de 2019 y enero de 2020 mi persona, como diputado elegido por el departamento de Santa Cruz, y mi familia, en ese entonces mis hijos menores de edad, hemos sufrido violencia contra nuestra integridad física y psicológica”.
La autoridad informó que el objetivo de estos grupos agresivos era obligarlo a renunciar a la diputación por Santa Cruz, “cosa que no lograron, pero me obligaron a renunciar a la presidencia de la brigada departamental. Estos grupos eran enviados por el gobierno de facto”.
“Entonces hice las denuncias correspondientes tanto en la Defensoría del Pueblo, en la Asamblea de Derechos Humanos y en la Fiscalía. Sin embargo la violencia con explosivos, con gritos, insultos, golpes a mi fachada, continuaron, por lo que me veía imposibilitado de regresar a mi ciudad, no me dejaban llegar a mi casa”, recordó Montaño.
El Ministro afirmó que los acontecimientos de aquellos meses fueron planificados y ejecutados por políticos de derecha que hicieron uso de la fuerza para obligar a las autoridades de aquellos momentos a renunciar a sus cargos, para evitar que la sucesión constitucional, tras la renuncia del expresidente Evo Morales, se quede en manos del partido oficialista.
“Los golpistas obligaron a renunciar a varias autoridades, un ejemplo emblemático fue el del compañero Víctor Borda, que era presidente de la Cámara de Diputados, a quien le quemaron su casa y secuestraron a su hermano y lo vejaron con una crueldad extrema, haciendo finalmente que Víctor renuncie”, aseveró.
Sin embargo, Montaño aseguró que los aprehendidos y detenidos por estos actos inconstitucionales gozarán del debido proceso y de un trato humano, garantizado por el gobierno democrático de Lucho y David, elegido con poco más del 55% de votos del pueblo boliviano, en octubre del año pasado.
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