OBRAS INFORMA 15/04/2025. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, advirtió sobre graves irregularidades en la demanda por nivelación salarial iniciada por extrabajadores de la extinta empresa SABSA, quienes ahora exigen al Estado el pago de 55 millones de bolivianos, pese a que el origen del conflicto se remonta a una época en la que la compañía aún se encontraba bajo administración privada.
La demanda, planteada en 2011, surgió cuando SABSA era gestionada por la firma extranjera Abertis, que fue nacionalizada posteriormente, en 2013. Montaño recordó que el capital registrado de la empresa en 2017 alcanzaba los 6,6 millones de bolivianos, por lo que cuestionó el sustento del monto actualmente reclamado. “¿Cómo se pretende cobrar nueve veces más de lo que valía la empresa? Esto no tiene lógica”, afirmó.
Una de las observaciones más críticas del ministro apunta a la orden de aprehensión emitida en su contra por un juzgado de Yapacaní, departamento de Santa Cruz, en el marco de este proceso. La autoridad considera que dicha acción no se ajusta a la ley, dado que nunca fue parte del proceso ni mantuvo vínculo laboral con los demandantes.
Además, señaló que la responsabilidad legal debía recaer en el directorio de la sociedad anónima SABSA, y no en su persona como ministro. “El Código de Comercio es claro: en este tipo de empresas, las decisiones no pasan por un ministro, sino por su directorio. Es una arbitrariedad”, sostuvo.
Montaño también lamentó la inacción de anteriores gestiones gubernamentales, responsabilizando a la administración del expresidente Evo Morales por no haber actuado a tiempo para proteger los intereses del Estado. Asimismo, denunció que los extrabajadores buscan beneficios desproporcionados, como una nivelación salarial que, en algunos casos, duplicaría los montos originalmente percibidos.
“Hay demandas que rozan lo absurdo. Quieren pasar de un salario de 1.000 a 1.800 dólares, retroactivamente. El Estado no puede permitir semejantes abusos”, advirtió.
El ministro informó que fue notificado oficialmente con la orden judicial recién este martes, pese a que el documento ya había sido difundido públicamente desde el día anterior, lo que, a su juicio, constituye una vulneración al debido proceso. “Esto responde a intereses ocultos. Incluso hay abogados que estarían lucrando con estos procesos”, señaló, sin dar nombres.
Finalmente, Montaño anunció que pedirá una auditoría técnica y jurídica al caso para esclarecer responsabilidades y proteger los recursos del pueblo. “No voy a rehuir a esta situación. Voy a defenderme como corresponde, pero, sobre todo, voy a proteger cada boliviano que trabaja con esfuerzo y paga sus impuestos”, concluyó.
